Introducción
Parapolítica es el nombre con el que se le conoce al escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006 por la revelación de los vínculos de políticos con paramilitares, con posterioridad al proceso de desmovilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia.
Con este trabajo lo que se busca es hacer un análisis objetivo sobre el escándalo de la Parapolítica y sus diferentes aspectos, comenzando por sus antecedentes y terminando con sus consecuencias.
Antecedentes
Aunque mucho se especulaba sobre el poderío político de las autodefensas en el país no fue sino hasta 2006 que se empezaron a revelar hechos y acusaciones concretas sobre como los grupos criminales de extrema derecha que con financiación del narcotráfico, se habían adentrado en los gobiernos seccionales, el Congreso, la política, los debates electorales y las Fuerzas Armadas.
En Junio de 2005, Clara López Obregón dirigente del Polo Democrático Alternativo denuncia ante la Corte Suprema de Justicia la presunta vinculación de congresistas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), después de que se conocieran afirmaciones del jefe máximo de dicha organización Salvatore Mancuso en las que aseguraba que un 35 por ciento del Congreso "son amigos" de su organización.[]
En las elecciones de 2005, cinco congresistas fueron expulsados de las listas ‘Uribistas’ al Congreso por sus supuestos vínculos con los paramilitares, aunque luego todos resultaron elegidos por otros movimientos que los acogieron.
Ese mismo año el ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes, es investigado, por diferentes acusaciones, entre otras las de el ex jefe de informática del organismo Rafael García, de poner este organismo de inteligencia al servicio de las autodefensas del norte del país, hechos por los que el 22 de febrero de 2007 fue capturado.
A finales de 2006 y después de un largo proceso de desmovilización, los jefes ‘paras’ concentrados en cárcel de máxima seguridad comienzan sus revelaciones para poder acogerse a la ley de Justicia y Paz. Salvatore Mancuso pone al descubierto hechos criminales de alta gravedad que comprometen a políticos de diferentes regiones del país.
El escándalo
La aparición de un computador portátil de la organización de Rodrigo Tovar Pupo, jefe del bloque norte de las autodefensas, más conocido con el alias de Jorge 40, desató diversas investigaciones al encontrarse una serie de documentos que revelaban toda clase de crímenes contra líderes sociales de la Costa Atlántica y la alianza con diferentes políticos que incluían alcaldes, gobernadores y aspirantes a congresistas, con el propósito de expandir su poder en el país hechos que desencadenaron en diferentes masacres, asesinatos y un numero aun desconocido de congresistas y otros servidores públicos elegidos con la influencia paramilitar.
Dichos hechos agitaron el debate político hasta llegar al Congreso de la República donde el senador Gustavo Petro, como vocero del Polo Democrático Alternativo, citó a un debate donde reveló documentos que comprometían a varios políticos con grupos paramilitares y reclamó, según dijo, por la permisividad del gobierno frente a los hechos, denunciando en el congreso a Salvador Arana, ex gobernador de Sucre quien había sido nombrado como embajador de Colombia ante Chile por ordenar el asesinato del alcalde de El Roble en el departamento de Sucre, después de que este en un consejo comunal había advertido al presidente Uribe que lo querían matar e incluso señaló los nombres de quienes serían sus asesinos; así mismo Petro denunció la supuesta permisividad del ex Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio quien durante su gestión firmó el auto inhibitorio para investigar a Arana por conformación de grupos paramilitares.
Durante el mismo debate Petro señaló a el senador Álvaro García Romero, conocido como El gordo García, quien fue acusado por homicidio y conformación de grupos paramilitares en Sucre y su presunta participación en la masacre de Macayepo donde fueron asesinadas 15 personas. García quien después de haber ocupado por más de veinte años una curul en el parlamento, y tras el acalorado debate en el congreso donde a voz en cuello negó las acusaciones, se entregó a la justicia el 16 de noviembre de 2006 tras varios días de fuga.
De esta manera, Petro también acusó al vice procurador general de la Nación, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, de haber entorpecido la investigación contra el senador García cuando despidió a Héctor Rodríguez, investigador que tenía el caso en la Procuraduría.
Alrededor de un año y algunos meses antes de desatarse el escándalo Petro había denunciado los presuntos nexos con los paramilitares de la ex representante a la cámara Muriel Benito Rebollo a quien acusó entre otras cosas de tener nexos con alias 'Diego Vecino' y Rodrigo Mercado Pelufo, alias 'Cadena'; la entonces representante negó las acusaciones y señaló a Petro de querer ganar protagonismo con calumnias, sin embargo la aparición de su nombre en el computador de alias 'Jorge 40' como candidata de 'Diego Vecino' para el congreso en las elecciones de 2006 provocó que se abriera la investigación que terminaría en la posterior captura de Benito Rebollo.
Dichos hechos fueron el comienzo del escándalo donde terminaron detenidos tres congresistas que están siendo investigados. Sin embargo, como se advertía por los denunciantes, este escándalo sería solo el inicio de una serie de acontecimientos que revelaría nuevos vínculos de los políticos con grupos ilegales de autodefensas.
El Pacto de Ralito es un documento que involucra a varios parlamentarios y ex-parlamentarios en un acuerdo con las AUC para "refundar" la patria. El documento fue firmado en el año 2001 en un encuentro entre el Estado Mayor de la Autodefensas y siete representantes a la cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes. Se conoció sobre la existencia del documento después de que el senador Miguel De la Espriella, uno de los firmantes, revelara su existencia a finales de 2006; el texto del documento solo fue conocido hasta enero de 2007 tras declaraciones de Jorge 40 durante el sometimiento al proceso de Paz con el gobierno.
De acuerdo a investigaciones publicadas por el semanario El Espectador, el pacto estaba enmarcado dentro de una estrategia de las AUC para consolidar una alianza de fuerzas al margen de la ley bajo la financiación del narcotráfico y concretar, a futuro, la toma del poder político, inicialmente en la Región Caribe para más tarde consolidarse a nivel nacional. Dicha estrategia se denominó “El Plan Birmania”, haciendo referencia a lo sucedido en Birmania (hoy Myanmar), país asiático donde se estableció una dictadura militar y se le señala como uno de los ejes del denominado “Triángulo de oro (Asia)” entre Laos, Myanmar y Tailandia, por el cultivo de la amapola, la producción de opio y la fabricación de heroína. Carlos Castaño se negó a respaldar la iniciativa y reiteró las objeciones que ya venía haciendo en contra de los entonces líderes del Bloque Norte de las Autodefensas, Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Mario Jiménez alias Macaco, por sus nexos con la producción de drogas ilícitas. Además informó a sus hombres de confianza de las intenciones de algunos de los jefes, a fin de buscar respaldo a su negativa a la alianza. A través de declaración pública, el miércoles 30 de mayo de 2001, Carlos Castaño Gil dijo: “Compañeros de causa, somos en las AUC, amigos y respetuosos de las instituciones del Estado. Este principio es inviolable. Respétenlo. Renuncio irrevocablemente a mi cargo otorgado por ustedes”.
Al hacerse las revelaciones los firmantes han hecho diferentes declaraciones para explicar el hecho que van desde que firmaron un documento en blanco en constancia de la asistencia o la firma bajo presión armada y otras voces como la de la representante Eleonora Pineda que declaró que el documento fue leído en voz alta y se procedió a firmar y que ninguno de los asistentes fue obligado a firmar.
El 14 de mayo de 2007, se ordenó la captura de la mayoría de los políticos firmantes imputándoseles el delito de Concierto para delinquir agravado, ya que los organismos de justicia encontraron que habían pruebas que permitían establecer que los firmantes se habían beneficiado políticamente del pacto y que no fueron obligados como algunos de ellos afirmaban.
Líderes paramilitares
Ø Diego Fernando Murillo o “Don Berna”,
Ø Edward Cobos Téllez o “Diego Vecino”
Ø Rodrigo Tovar Pupo o “Jorge 40”.
Líderes políticos (en los cargos o posiciones que ocupaban en el momento de firmar.)
Ø Juan Manuel López Cabrales, senador liberal
Ø José 'Pepe' Gnecco C., senador liberal
Ø Rodrigo Burgos, senador conservador
Ø William Montes, senador conservador
Ø Salvador Arana, gobernador de Sucre
Ø Jesús María López, gobernador de Córdoba
Ø Reginaldo Montes, representante a la cámara.
Ø Alfonso Campo E., representante a la cámara.
Ø José María Imbeth, representante a la C.
Ø Luis C. Ordosgoitia, representante a la cámara.
Ø Freddy Sánchez, representante a la cámara.
Ø Miguel de la Espriella, representante a la Cámara.
Ø Eleonora Pineda, concejal de Tierralta
Ø José de los S. Negrete, ger. D. Conservador
Jorge Noguera Cotes ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), (cabe resaltar que es la principal agencia de inteligencia en Colombia y cumple funciones de policía secreta), fue privado de la libertad tras ser escuchado en la Fiscalía, por concierto para delinquir y homicidio agravado. Al conocerse la noticia el presidente Álvaro Uribe declaró que de encontrarse culpable a Noguera el debería pedir excusas al país por haberlo nombrado, Noguera fue uno de los directivos de la campaña presidencial de Uribe en el Magdalena en 2002 y fue designado como director del DAS siete días después de la posesión de este último permaneciendo por casi 4 años en el cargo para después ser nombrado como cónsul en Milán durante el segundo mandato del reelecto presidente.
El 23 de marzo de 2007 fue puesto en libertad gracias a que su abogado logró demostrar, según el Consejo Superior de la Judicatura, que la detención no se produjo conforme a la ley por lo que a su cliente se le había violado el debido proceso. La investigación pasó a manos del Fiscal General de la Nación Mario Iguarán quien no ocultó su descontento ante la decisión y declaró que empezará a mirar las acciones que su despacho adelantará frente a esta decisión.
El 15 de febrero de 2007 La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió orden de captura contra los senadores Álvaro Araújo Castro, Mauricio Pimiento, Dieb Maloof y Luís Eduardo Vives y el representante a la Cámara Alfonso Campo Escobar quienes fueron recluidos en la cárcel Picota de Bogotá, así mismo se ordenó la captura del representante a la cámara Jorge Luís Caballero por quien se a emitido una circular roja a la INTERPOL para que sea capturado en el exterior ya que se encuentra prófugo de la justicia. Todos ellos bajo sospecha de haber recibido beneficios del paramilitarismo para ser elegidos como representantes, el senador Araujo además enfrenta cargos de secuestro extorsivo por la posible participación en el plagio de su contendor Víctor Ochoa Daza en las elecciones de 2005, hecho por el cual podría enfrentar hasta 40 años de prisión. Esta es la segunda orden de detención masiva contra congresistas se realiza en el proceso tras la captura en 2006 de Jairo Enrique Merlano, Alvaro García Romero y Erik Morris.
El Fiscal General de la Nación encontró méritos suficientes para ordenar la captura del Gobernador del Departamento del Cesar Hernando Molina Araújo, el gobierno lo suspendió de su cargo después de que Molina se entregara voluntariamente luego de viajar a Bogotá; según la fiscalía las evidencias indican que Molina Araújo habría tenido relación de cercana amistad con alias 'Jorge 40' ex jefe del Bloque Norte de las AUC y que dicha relación era tan estrecha que incluso pertenecía al grupo bajo el alias de Comandante 35. Se tienen pruebas de que Molina se habría favorecido políticamente para alcanzar la gobernación del departamento en las elecciones de 2003 y de la presunta recepción de millonarias sumas de la organización criminal cuando el político ocupaba el Consulado de Guatemala.
En un caso que ha sido comparado por la prensa con el de Ralito, seis alcaldes del departamento de Casanare fueron llamados a indagatoria por la fiscalía por firmar un documento en el que se comprometían a ceder el manejo del 50% del dinero público del presupuesto asignado a grupos paramilitares, en el documento los entonces candidatos se comprometían de la siguiente forma: "Manejo por parte de la organización ACC (Autodefensas Campesinas del Casanare) del 50 por ciento del presupuesto municipal" y "aportes del 10 por ciento de cuota de toda contratación" En el documento aparecen como firmantes 5 de los 6 implicados, debido a que, según la fiscalía, Leonel Roberto Torres Arias, alcalde de Aguazul no tuvo que firmar ya que es miembro activo de la organización paramilitar.
Proceso judicial
Debido al fuero especial los congresistas son juzgados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo el 27 de marzo de 2007, el entonces senador Álvaro Araújo Castro presentó su carta de renuncia ante el congreso con el fin de ser juzgado por la justicia ordinaria, en su carta de renuncia Araújo expresó que prefería renunciar a los "falsos privilegios" de su condición como senador y que no tenía las garantías suficientes frente al proceso adelantado por los magistrados, el congreso aceptó su renuncia dejando constancia de que no compartía los términos descalificativos en los que el ahora ex senador se refería a la alta corte en su carta. La renuncia al fuero ya había sido utilizada también por el ex senador Jairo Merlano también vinculado al proceso.
· 18 de octubre de 2006 - Los senadores Álvaro García Romero y Jairo Merlano, y el representante Erik Morris fueron llamados a indagatoria y encarcelados.
· 15 de noviembre de 2006 - La ex congresista Muriel Benito Rebollo es capturada tras ser investigada por la aparición de su nombre en el computador de alias 'Jorge 40', como candidata de 'Diego Vecino'.
· 16 de febrero de 2007 - La Corte Suprema de Justicia ordena el arresto de seis parlamentarios por posiblemente vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los senadores detenidos son: Álvaro Araújo Castro, Dieb Maloof, Mauricio Pimiento y Luis Eduardo Vives, además de los representantes a la Cámara Alfonso Campo Escobar y Jorge Caballero.
· 22 de febrero de 2007 - La Corte Suprema de Justicia ordena la captura del ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera Cotes, tras ser escuchado en la Fiscalía, por concierto para delinquir y homicidio agravado, un mes después sería liberado por irregularidades de procedimiento en su detención.
· 2 de marzo de 2007 - La Unidad Anti secuestro de la Fiscalía hace pública la orden de captura de Álvaro Araujo Noguera, padre de la ex canciller María Consuelo Araújo y del senador Álvaro Araújo Castro, emitida 3 días antes. La Corte Suprema de Justicia solicitó su detención dentro de la investigación por el secuestro de Víctor Ochoa Daza. La investigación por el delito de secuestro agravado involucra también a su hijo Álvaro Araújo Castro; Araújo Noguera se encuentra prófugo de la justicia.
· 12 de marzo de 2007 - Trino Luna Correa gobernador del departamento de Magdalena se entregó a la justicia para responder por presuntos vínculos con grupos paramilitares, más exactamente con el Bloque Resistencia Tayrona que opera en la región.
· 14 de mayo de 2007 - Se emite orden de captura contra los firmantes del Pacto de Ralito, son capturados, entre otros, los senadores Miguel de la Espriella, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, José de los Santos Negrete y William Montes, la ex representante Eleonora Pineda también es detenida. Todos ellos acusados del delito de Concierto para delinquir agravado.
· 17 de mayo de 2007 - Se entrega a la justicia el hasta entonces Gobernador del Cesar, Hernando Molina Araújo, la fiscalía dice tener indicios de su cercanía con alias Jorge 40.
Consecuencias y hechos relacionados
Repercusión en las relaciones internacionales
De acuerdo con algunos sectores de la prensa y senadores del Partido Demócrata de los Estados Unidos, el escándalo al que algunos denominan 'paragate' podría tener repercusiones en la aprobación de fondos para la fase II del Plan Colombia y en la aprobación del texto actual del Tratado de Libre Comercio (TLC).
El 20 de Abril de 2007, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore tras cancelar su participación en un foro ambiental en Miami al que asistía el presidente Uribe, manifestó en un comunicado que no le parecía prudente aparecer en un evento con el mandatario colombiano mientras no se despejen todas las dudas alrededor de las acusaciones en su contra, incluyendo aquellas de miembros de la oposición en el congreso colombiano. El día anterior el presidente Uribe había citado a una rueda de prensa en la Casa de Nariño donde anunció públicamente la decisión tomada por Al Gore, la cual lamentó. Asimismo, Uribe rechazó dichas acusaciones, las cuales consideró calumnias, y presentó su versión sobre varias de ellas.
Uribe emprendió entonces una gira por los Estados Unidos con el propósito de conseguir el apoyo de los congresistas demócratas para la aprobación del TLC reuniéndose incluso con Nancy Pelosi la presidenta de la cámara de representantes de ese país quien dijo a Uribe que para recibir el apoyo de la mayoría demócrata era esencial que el gobierno procesara judicialmente a los funcionarios comprometidos en el escándalo, incluso los de altos rangos, a la vez que expresó su preocupación por la impunidad frente a los crímenes cometidos contra varios sindicalistas en el país.
ü Crisis de gabinete: Se desató una crisis en el gobierno cuando el hermano de la canciller María Consuelo Araújo, el senador Álvaro Araújo Castro, fue vinculado al proceso y privado de la libertad por presuntos vínculos con los paramilitares, hecho por el cual se pidió reiteradamente la renuncia de la diplomática con el fin de evitar que el escándalo afectara las relaciones internacionales del país, el 19 de febrero de 2007 la canciller hizo pública su renuncia. Días después se vincularía también a su padre.
ü Crisis institucional: Tanto senado como cámara tuvieron problemas para sesionar, ya que algunos de los implicados presidian algunas comisiones en el congreso, algunos lideres políticos como la senadora uribista Marta Lucía Ramírez pidieron la revocatoria del congreso y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias para evitar que continúe la infiltración paramilitar, propuesta que tuvo reacciones tanto a favor como en contra, pero que sin embargo no se concretó.
ü Rearme paramilitar: El propio Mancuso ha denunciado que al menos cinco mil paramilitares habrían retoman las armas, incluyendo entre ellos aquellos que no se habrían desmovilizado.
ü Persecución de denunciantes: Han sido asesinados más de 15 miembros pertenecientes al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, entre ellos líderes de la comunidad afro descendiente de Curvaradó quienes reclaman hectáreas de tierra que les pertenecían y que ahora son propiedad de empresas palmeras en las que tienen acciones jefes paramilitares como Vicente Castaño de quien se presume fue el autor intelectual del asesinato de Yolanda Izquierdo, lider comunitaria que reclamaba reparación por parte del estado para las víctimas del paramilitarismo.
ü Escándalos a futuro: Los jefes 'paras' sostienen que habrá muchos más políticos comprometidos en alianzas con sus tropas, tanto en la guerra como en los beneficios del narcotráfico, incluidos 80 militares. En declaraciones frente a jueces de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso ha revelado supuestos vínculos de políticos, empresas y altos funcionarios del gobierno con los grupos armados de extrema derecha.
ü Polarización: La discusión sobre los nexos de políticos con paramilitares ha desatado una fuerte polarización en la opinión pública por la cercanía de los vinculados con el presidente de la república Álvaro Uribe Vélez. Uno de los más sonados fue cuando el senador Gustavo Petro habló sobre las investigaciones a Santiago Uribe hermano del presidente por conformación de un antiguo grupo paramilitar conocido como los Doce Apóstoles, hecho por el cual según Petro, el presidente debería declararse impedido para intervenir en el proceso con las autodefensas, a lo que el presidente respondió diciendo que dicha investigación no había procedido en su momento y calificándolo al senador como “terrorista vestido de civil”, (haciendo alusión a la militancia del senador en el grupo guerrillero M-19 durante su juventud). La poca moderación en el lenguaje continuó desatando guerras verbales que han polarizado a la opinión pública a favor o en contra de uno y otro bando político, hecho que ha llegado también a tocar al Partido Liberal Colombiano donde uno de sus líderes, Horacio Serpa ha hecho referencia al fenómeno en diferentes entrevistas diciendo que “Todos los caminos conducen a Uribe” aludiendo a los vínculos de políticos Uribistas con paramilitares.
Conclusión
La combinación de tres factores fatales como lo son la Guerrilla (tanto FARC como ELN y otras), el Narcotráfico y la Fragilidad del Estado da como resultado el surgimiento de una organización de ultra derecha, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que ha venido haciendo daño al país durante las últimas dos décadas, pero que había pasado inadvertida hasta ahora. Sólo hasta el gobierno de Uribe, más específicamente en su segundo mandato, fue que se desató el escándalo y se están viendo las consecuencias de la acumulación de dos décadas de corrupción y terrorismo. Así mismo están cayendo uno a uno los artífices y colaboradores de este desastre. Sólo falta esperar que se haga justicia, haciendo pagar a los culpables y liberando de calumnias a los inocentes.
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