Bajo el gobierno de César Gaviria (1990-1994), Colombia tuvo una experiencia importante de apertura económica. Las políticas económicas de este gobierno se centraron principalmente en la diferenciación del gasto público y el gasto privado[1], lo cual se vio reflejado en el sector de la salud. A finales de su gobierno, la conocida ley 100 de 1993 que proponía entre otras cosas un modelo de fondos privados y ahorro individual, propuso un cambio importante en la forma de concebir los servicios de la salud y las pensiones. Éste concepto que había sido adoptado en Chile en 1981, es una muestra pequeña de la fuerte inyección de neoliberalismo y laissefairismo que recibió nuestro país bajo este gobierno.

Entre otras cosas, el objetivo de estas múltiples reformas, era posicionar a Colombia dentro del mercado internacional, en un marco competitivo en relación a otros países, con la intención de motivar y aumentar la inversión extranjera. Colombia tomó medidas tributarias para los extranjeros tratando de facilitar y hacer más atractiva la inversión.

- “Ley 6 de 1992. Artículo 2º. Fondos de inversión de capital extranjero. El Artículo 19-1 quedará así:

Artículo 18-1. Fondos de inversión de capital extranjero. Los fondos de inversión de capital extranjero no son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios por las utilidades obtenidas en el desarrollo de las actividades que le son propias, salvo que sus ingresos correspondan a rendimientos financieros, o a dividendos que no pagaron impuestos en cabeza de la sociedad que los originó. –“[2]

La apertura económica colombiana consistía en la reducción gradual de aranceles sobre las importaciones, para el impulso de la industria nacional. Buscando así internacionalizar la industria local dentro de un marco de referencia universal. Sabiendo la poca participación que Colombia había tenido hasta el momento en la economía internacional, el fin último era lograr que la participación Colombiana en el ámbito de comercio internacional, fuera provechosa para el crecimiento progresivo de la economía.

Estas medidas tuvieron diferentes consecuencias, que se pueden ver reflejadas al medir lo que representa la carga tributaria en el PIB. Si dividimos los impuestos en extranjeros e internos, vemos que en los 90’s, los impuestos externos representaban menos del 2% del PIB nacional, mientras que los internos oscilaban entre el 7% y el 8 %. [3]

La gráfica 1 muestra también el crecimiento de las importaciones en el periodo del los años 90’s[4]. Podemos inferir que esto se debe al artículo 2 de la ley 6 de 1992, que favorece a la inversión extranjera. La política neoliberal, adoptada por el gobierno colombiano en esa época, buscaba aumentar la cantidad de exportaciones para el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo colombiano. Todo esto bajo la Influencia de la escuela monetarista y los ideales del BM y el FMI.

Así se permitió el libre comercio con otros países, en un intento de buscar una “internacionalización económica”, una disminución de la inflación, el fomento de la industria nacional y la libre competencia. Para 1990 las tasas arancelarias se redujeron del 26.6% al 23.5% y su promedio pasó del 23.2% al 18.0%.Se establecieron aranceles del 20% y 30% para los bienes de capital y materias primas e insumos consumidos por la industria y producidos internamente. De igual manera, se fijaron impuestos del 50% para los bienes finales producidos nacionalmente y del 0.1% para los bienes de capital y materias primas para la agricultura. La disminución de las tasas arancelarias estuvo acompañada de una reducción de la sobretasa generalizada a las importaciones del 18% al 16%.[5]

Incesantemente, se siguieron bajando las tasas arancelarias obteniendo resultados graduales en el incremento de la sobretasa y con ella la inflación. Esto debido al aumento constante de la importación, sin tener en cuenta el crecimiento de la exportación, siendo el incremento de las importaciones del 10% (hablando únicamente de bienes de consumo) versus un incremento mínimo de exportaciones.

Las medidas que se tomaron al aumentar la inflación fueron las siguientes: se mantuvo la tasa arancelaria, se incrementaron los precios internos y se redujo el gasto público. Al reducir el gasto público, se desmejoró el consumo de los productos internos y llegamos a uno de los puntos más críticos de las consecuencias de las políticas emprendidas. Colombia sí empezó a jugar un rol más importante en el marco internacional, sin embargo no a favor de su propia economía.

A la luz del estado lamentable de la industria colombiana, el gobierno volvió a tratar de favorecer a los inversionistas internacionales a través de la ley 9 de 1991. Aquí se establece un poco de igualdad entre sus obligaciones (nacionales-internacionales) en los impuestos con el estado. Así vemos que el arancel promedio iba por el 9.2% y el arancel con respecto a las materias primas y los bienes de capital por el 9.6%.

El Gobierno nacional se enfrentaba pues a una crisis, dado que las multinacionales formaron un oligopolio que determinaba los precios en el mercado. Causando por supuesto menor consumo de los productos nacionales, por tanto, menor inversión en el campo territorial.

En la gráfica 3[6] se evidencia por esta época una significativa pérdida de importancia relativa del sector agropecuario, cuando en 1994 llegó a representar tan solo el 13% del PIB total. En el periodo de 1990-1996 su crecimiento anual promedio muy inferior al conjunto de la economía. Esto se debió a que el objetivo de ese momento era ponerse al nivel de los países más influyentes en el mercado internacional, concentrándose en el sector industrial y abandonando el agropecuario. A pesar de esto, factores como el inadecuado manejo fiscal, el endeudamiento externo y las altas tasas de interés llevaron a una importante caída del sector industrial.

Uno de los argumentos bajo los cuales se sustentó la política de apertura económica fue el de la necesidad de internacionalizar la economía colombiana y modernizar el aparato productivo colombiano ante su escasa proyección internacional. Sin embargo, después de ver los resultados de estas teorías Neoclásicas aplicadas durante el periodo de Apertura Económica del gobierno de Gaviria nos damos cuenta que la realidad del país es otra totalmente diferente al que había prometido estas nuevas políticas económicas.

Si bien se ha visto un incremento moderado en la producción, no se ha logrado generar más empleo; las tasas salariales (salario real) han disminuido significativamente, producto de la pérdida de competitividad de las nacionales frente a las internacionales debido a reformas como el artículo 2 de la ley 6 de 1992.

Las autoridades (el gobierno y el banco central) no han podido mantener una un ambiente favorable, y al tratar de beneficiarse con estos últimos cambios generados con sus políticas ha entorpecido los sectores más productivos del país.

Gráfica 1: